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La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) establece en la solicitud de medida de coerción en contra de las 10 personas involucradas hasta este momento en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) que las pruebas documentales, periciales y testimoniales recopiladas hasta el momento “demuestran que los imputados utilizaron sus cargos públicos e influencias para exigir sobornos, constituyendo un entramado de corrupción pública estructurado, sistemático y sostenido entre los años 2020 al 2025”.


En el acta de entrega voluntaria que ha aportado el Ministerio Público el 14 de noviembre a las 12:20 de la tarde; 2 horas antes de que se hiciera el levantamiento del cadáver, Ramón Domingo Tejada le entregó al segundo teniente Rodríguez Almonte y, de acuerdo al administrador de la hacienda Los Caballos, a la magistrada Cristina Ramírez y al general Juan Bautista Jiménez, director Cibao Central de la Policía Nacional, un DVR de 22 canales (cámaras), de las cuáles sólo se extrajeron 3 cortes de videos.
El pasado jueves 4, el Ministerio Público comunica a los abogados de la víctima que solo habían dos videos, el último que se extrajo de acuerdo al acta de entrega voluntaria no se sabe qué pasó con él, ya que a la familia solo se le entregaron dos videos que contienen fragmentos de lo ocurrido; y los magistrados encargados del caso le han planteado que el resto de los videos ya no está.
El DVR que fue entregado el 14 de noviembre, el pasado jueves 4 de diciembre fue inspeccionado por el magistrado Wilson Camacho en la Hacienda los Caballos donde estaba, lo que hace preguntarse: ¿Por qué fue devuelto si no se ha concluido la investigación?
La madre de Stephora y sus abogados han señalado a la magistrada Cristina Ramírez como la fiscal del Departamento de Homicidios que no quiso recibirle la denuncia. Además, plantean que ella tuvo un trato negligente desde el principio.



