
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) establece en la solicitud de medida de coerción en contra de las 10 personas involucradas hasta este momento en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) que las pruebas documentales, periciales y testimoniales recopiladas hasta el momento “demuestran que los imputados utilizaron sus cargos públicos e influencias para exigir sobornos, constituyendo un entramado de corrupción pública estructurado, sistemático y sostenido entre los años 2020 al 2025”.
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