La Federación de Asociaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (FAPROUASD) condenó enérgicamente la incursión del J2, organismo de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas, en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El gremio calificó la acción como una grave violación del fuero universitario y un preocupante retroceso democrático.
El hecho ocurrió ayer, cuando miembros del J2 ingresaron sin autorización a las instalaciones del edificio de Nueva Unidad (NU), sede del Observatorio de Políticas Públicas de la Facultad deCiencias Jurídicas y Políticas.
La zona fue acordonada por los agentes, algunos de los cuales se desplazaban en vehículos sin placas, lo que ha sido señalado como una muestra de impunidad y violación de normas legales.
Según trascendió, la incursión militar fue para localizar al profesor Fernando Peña, miembro del Observatorio, a fin de abordar un asunto que, aseguran sus colegas, pudo haberse resuelto con una simple llamada telefónica.
Sin embargo, denuncian que el verdadero propósito de esta acción fue enviar un mensaje intimidatorio debido al papel activo del académico en las denuncias contra la minera Barrick Gold.
«Esta intervención nos recuerda los peores episodios de represión vividos durante los 12 años del régimen de Balaguer», expresaron los denunciantes, quienes llamaron al rector de la UASD, Editrudis Beltrán, y a las demás autoridades de la academia estatal a pronunciarse con firmeza contra este hecho, en defensa de la autonomía universitaria y las libertades democráticas.
Un tribunal de tres jueces determinó ayer la culpabilidad del jugador Wander Franco en el caso de sostener relaciones sexuales con una joven menor de edad.
La condena fue por dos años de cárcel, pero la misma queda suspendida, de acuerdo a la decisión del tribunal leída por la juez presidenta Jakaira Veras García. Ese período coincide con el tiempo en que empezó todo este problema para Franco, es decir desde que surgió la primera acusación en 2023.
En agosto de ese año, Franco fue detenido de jugar con su equipo de Grandes Ligas Tampa Bay tras una acusación de la familia de la joven y su madre- Martha Vanessa Chevalier.
Esta señora precisamente fue condenada a diez años de cárcel este jueves, al señalársele culpable de explotación sexual y lavado de activos.
Los casos legales por alegada difamación en los medios siguen imparables. Esta vez, Manolo Ozuna interpuso una querella por difamación e injuria contra Santiago Matías (Alofoke). Se suma a querellas y/o demandas que envuelven a Isaura Taveras y Santiago Matías, Mariasela Álvarez contra Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal y otros colegas, así como Gabi Desangles versus Tamara Martínez y Luinny Corporán.
Los comunicadores Ingrid Jorge y Ángel Martínez también enfrentan querella por parte de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
La instancia de Raful, depositada el pasado 30 de mayo, se fundamenta en graves acusaciones de difamación, daños y perjuicios, así como en afirmaciones falsas que vinculan a la funcionaria con actividades ilícitas y conductas sexuales inapropiadas.
En la instancia presentada, por separado, se aduce que los señalamientos difundidos por Martínez y Jorge son injuriosos y carentes de fundamento, con el aparente objetivo de dañar la imagen pública y profesional de la ministra Raful.
El Ministerio Público informó que fueron ocho los allanamientos realizados en las provincias Valverde y Monte Cristi relacionados a la investigación sobre una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos en demarcaciones de la Línea Noroeste.
En el operativo, que se realizó en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), participaron nueve fiscales y más de 50 agentes.
El Ministerio Público ocupó a la red vehículos de lujo, dinero en efectivo y documentaciones societarias, financieras y tributarias esenciales para la investigación en curso.
En septiembre de 2024, la Fiscalía de Monte Cristi junto a la DNCD, ocupó 316 láminas, con un peso de 102 kilogramos de cocaína, en el Puerto de Manzanillo, Montecristi, las cuales estaban escondidas dentro de cajas de bananas y en un contenedor que saldría del país con destino a Europa.
Por este hecho están en la justicia los socios de “la empresa Banalasa, SRL, José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, quienes, siendo representantes de la empresa, fueron los responsables de colocar la sustancia controlada en un sofisticado embalaje de láminas, proceso que debe hacerse dentro de las instalaciones, con un personal a cargo”.
También, Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante, quienes son involucrados en una estructura criminal dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico.
De igual manera, se resalta, el arresto en marzo de este año, de Yerfri Rafael Santana Durán (el Jefe y/o el Patrón), quien tras ser activamente buscado por su vinculación al caso fue arrestado por la Interpol mientras pretendía salir del país.
Según el Ministerio Público, Santana Durán es el propietario de los vehículos en que se trasladaba la droga.
Las titulares de Antilavado, Ramona Nova, y de la Fiscalía de Montecristi, Grimaldi Oviedo, explicaron que los operativos buscan completar la investigación de narcotráfico y lavado de activos que se le sigue a esta estructura que se dedicaba a camuflar la exportación de bananas para sacar grandes cantidades de drogas, en métodos sofisticados, como los enlaminados.
El bajista Eddy Rivas, oriundo del municipio La Mata, en la provincia Sánchez Ramírez, murió.
La noticia fue revelada por Zacarías Ferreira, con quien el músico trabajó durante más de una década como parte de su agrupación.
«Con profundo dolor tengo que anunciarle la partida a destiempo de uno de mis principales integrantes de mi agrupación, mi amigo Eddy Rivas que desempeñaba el rol de bajista por más de 14 años en mi agrupación», escribió Ferreira en Instagram.
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este viernes alinearse con la petición de la Administración de Donald Trump de levantar los bloqueos en tribunales menores al intento de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un fallo que otorga una victoria para el mandatario y que podría repercutir en decenas de demandas contra las políticas del republicano.
Con una mayoría conservadora de 6 a 3, la decisión no se refiere a los méritos del decreto en sí, que busca restringir el derecho automático de ciudadanía estadounidense establecido en la Constitución y negarlo a hijos de padres indocumentados o con visados temporales.
Las autoridades iniciaron el proceso de levantamiento técnico para el cierre definitivo del Centro Penitenciario de La Victoria.
En un comunicado, las autoridades penitenciarias informaron que se proyecta el diseño de un nuevo centro penitenciario de menor escala, destinado exclusivamente a internos preventivos, bajo los estándares del modelo reformado.
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con el voto disidente de uno de sus miembros, condenó a 10 y 30 años de prisión a cinco de los implicados en la muerte deDavid de los Santos en el destacamento de Naco.
El tribunal, presidido por Keyla Pérez Santana e integrado por Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista, sentenció a 10 años de prisión al segundo teniente Germán García de la Cruz y al cabo Alfonso Decena Hernández.
Asimismo, el tribunal condenó a 30 años de prisión a los civiles Jean Carlos Martínez Peña,Michael Pérez Ramos y Santiago Mateo Victoriano.
La prohibición del giro a la izquierda en algunas de las principales intercepciones del polígono central en el Distrito Nacional, como parte de las medidas implementadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) que procuran mejorar el tránsito vehicular, tiene una razón de ser.
Así lo explicó Igor Costa, representante de la empresa contratista Imtraff, encargada del diseño del plan “RD se mueve”, puesto en marcha desde el pasado lunes con orientación y concientización de los conductores y que contempla a partir del 1 de julio, el no giro a la izquierda, entre otras medidas.
Costa explicó al participar en un Desayuno Listín Diario, encabezado por el director del medio, Miguel Franjul, que una de las principales razones por las que se elimina este giro es para disminuir la ocurrencia de posibles accidentes de tránsito, luego de que uno de los conductores cruce mientras la luz semafórica se encuentra en rojo.
Como segunda razón indicó que cuando los vehículos hacen el giro a la izquierda se debe detener el flujo vehicular, lo que favorece la ocurrencia de taponamientos en la vía.
El Supremo de Estados Unidos emitió este jueves un fallo que permite a los estados quitar la financiación del plan público Medicaid a la mayor proveedora de servicios de salud reproductiva y de abortos del país, Parenthood, lo que supone un nuevo revés para los derechos reproductivos a nivel nacional.
La decisión del Alto Tribunal quedó dividida en 6-3, con la mayoría conservadora a favor de limitar los fondos y tres juezas liberales en contra del fallo, que da un nuevo impulso a los esfuerzos de miembros del partido republicano por desfinanciar a la red, que engloba a unos 600 centros de atención en todo EE.UU.
Según informes de la propia organización, el dinero de la sanidad pública destinado a Planned Parenthood no se utiliza para realizar interrupciones del embarazo, sino para medicamentos anticonceptivos, pruebas de embarazo y otros asuntos relacionados.
Solo el 5 % de los beneficiarios de Medicaid han solicitado servicios de salud sexual y reproductiva en esta red en lo que va de año, dijeron.
“La decisión de hoy es una grave injusticia que golpea los cimientos de la libertad estadounidense y promete sumir a Carolina del Sur en una crisis de atención médica.(…) La intención del gobernador (Henry) McMaster es clara: usar como arma el sentimiento contrario al aborto para privar a las comunidades con bajos ingresos de atención básica de salud», reaccionó la presidenta y directora general de Planned Parenthood South Atlantic, Paige Johnson.
Según dijo Johnson, la red «continuará operando y ofreciendo atención médica en Carolina del Sur incluso a las personas inscritas en Medicaid».
«Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que puedan recibir la atención que necesitan a bajo costo o sin costo alguno», añadió.
El caso se inició por una demanda presentada contra el Gobierno del estado de Carolina del Sur por impedir que la proveedora reciba fondos del programa de salud destinado a personas de bajos recursos.
Con esta decisión, el Tribunal se opone a que un beneficiario de Medicaid pueda demandar a los gobiernos estatales para que los servicios de Planned Parenthood entren en su cobertura de salud porque, según alegan, en sus centros se realizan interrupciones del embarazo.
Aunque el aborto en Carolina del Sur está prohibido después de las seis semanas de gestación, el Gobierno republicano de ese territorio busca evitar que las personas que dependen del plan de salud estatal puedan acceder a cuidados médicos a través de Planned Parenthood.
Durante la vista celebrada en abril, el panel de jueces ya se había mostrado dividido. Por un lado, los conservadores estuvieron reticentes, como han explicado en la sentencia, a que un paciente pueda demandar a Carolina del Sur para que acceda a la clínica de planificación familiar bajo la cobertura de salud.
En cambio, la magistradas liberales insistieron en que la ley que creó el programa de sanidad gubernamental establece que los pacientes deben poder ser atendidos por cualquier proveedor que acepte Medicaid.
Este fallo supone un nuevo ataque para los derechos reproductivos en Estados Unidos después de que el Supremo eliminara en 2022 el derecho al aborto a nivel nacional y dejara las decisiones sobre este tema a los estados.
Como resultado, el aborto es ilegal o está severamente restringido, sin excepciones para casos de violación o incesto, en 23 de los 50 estados de EE.UU., según el Center for Reproductive Rights (CRR), una organización que defiende el derecho al aborto.
MARAVILLAFM Alegría dominicana para el mundo
