El Ministerio Público informó que fueron ocho los allanamientos realizados en las provincias Valverde y Monte Cristi relacionados a la investigación sobre una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos en demarcaciones de la Línea Noroeste.

En el operativo, que se realizó en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), participaron nueve fiscales y más de 50 agentes.

El Ministerio Público ocupó a la red vehículos de lujo, dinero en efectivo y documentaciones societarias, financieras y tributarias esenciales para la investigación en curso.

En septiembre de 2024, la Fiscalía de Monte Cristi junto a la DNCD, ocupó 316 láminas, con un peso de 102 kilogramos de cocaína, en el Puerto de Manzanillo, Montecristi, las cuales estaban escondidas dentro de cajas de bananas y en un contenedor que saldría del país con destino a Europa.

Por este hecho están en la justicia los socios de “la empresa Banalasa, SRL, José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, quienes, siendo representantes de la empresa, fueron los responsables de colocar la sustancia controlada en un sofisticado embalaje de láminas, proceso que debe hacerse dentro de las instalaciones, con un personal a cargo”.

También, Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante, quienes son involucrados en una estructura criminal dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico.

De igual manera, se resalta, el arresto en marzo de este año, de Yerfri Rafael Santana Durán (el Jefe y/o el Patrón), quien tras ser activamente buscado por su vinculación al caso fue arrestado por la Interpol mientras pretendía salir del país.

Según el Ministerio Público, Santana Durán es el propietario de los vehículos en que se trasladaba la droga.

Las titulares de Antilavado, Ramona Nova, y de la Fiscalía de Montecristi, Grimaldi Oviedo, explicaron que los operativos buscan completar la investigación de narcotráfico y lavado de activos que se le sigue a esta estructura que se dedicaba a camuflar la exportación de bananas para sacar grandes cantidades de drogas, en métodos sofisticados, como los enlaminados.

El bajista Eddy Rivas, oriundo del municipio La Mata, en la provincia Sánchez Ramírez, murió.

La noticia fue revelada por Zacarías Ferreira, con quien el músico trabajó durante más de una década como parte de su agrupación. 

«Con profundo dolor tengo que anunciarle la partida a destiempo de uno de mis principales integrantes de mi agrupación, mi amigo Eddy Rivas que desempeñaba el rol de bajista por más de 14 años en mi agrupación», escribió Ferreira en Instagram.

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este viernes alinearse con la petición de la  Administración de Donald Trump de levantar los bloqueos en tribunales menores al intento de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un fallo que otorga una victoria para el mandatario y que podría repercutir en decenas de demandas contra las políticas del republicano.

Con una mayoría conservadora de 6 a 3, la decisión no se refiere a los méritos del decreto en sí, que busca restringir el derecho automático de ciudadanía estadounidense establecido en la Constitución y negarlo a hijos de padres indocumentados o con visados temporales.

Las autoridades iniciaron el proceso de levantamiento técnico para el cierre definitivo del Centro Penitenciario de La Victoria.

En un comunicado, las autoridades penitenciarias informaron que se proyecta el diseño de un nuevo centro penitenciario de menor escala, destinado exclusivamente a internos preventivos, bajo los estándares del modelo reformado. 

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con el voto disidente de uno de sus miembros, condenó a 10 y 30 años de prisión a cinco de los implicados en la muerte de David de los Santos en el destacamento de Naco.

El tribunal, presidido por Keyla Pérez Santana e integrado por Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista, sentenció a 10 años de prisión al segundo teniente Germán García de la Cruz y al cabo Alfonso Decena Hernández.

Asimismo, el tribunal condenó a 30 años de prisión a los civiles Jean Carlos Martínez Peña, Michael Pérez Ramos y Santiago Mateo Victoriano.

La prohibición del giro a la izquierda en algunas de las principales intercepciones del polígono central en el Distrito Nacional, como parte de las medidas implementadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) que procuran mejorar el tránsito vehicular, tiene una razón de ser.

Así lo explicó Igor Costa, representante de la empresa contratista Imtraff, encargada del diseño del plan “RD se mueve”, puesto en marcha desde el pasado lunes con orientación y concientización de los conductores y que contempla a partir del 1 de julio, el no giro a la izquierda, entre otras medidas.

Costa explicó al participar en un Desayuno Listín Diario, encabezado por el director del medio, Miguel Franjul, que una de las principales razones por las que se elimina este giro es para disminuir la ocurrencia de posibles accidentes de tránsito, luego de que uno de los conductores cruce mientras la luz semafórica se encuentra en rojo.

Como segunda razón indicó que cuando los vehículos hacen el giro a la izquierda se debe detener el flujo vehicular, lo que favorece la ocurrencia de taponamientos en la vía.

El Supremo de Estados Unidos emitió este jueves un fallo que permite a los estados quitar la financiación del plan público Medicaid a la mayor proveedora de servicios de salud reproductiva y de abortos del país, Parenthood, lo que supone un nuevo revés para los derechos reproductivos a nivel nacional.

La decisión del Alto Tribunal quedó dividida en 6-3, con la mayoría conservadora a favor de limitar los fondos y tres juezas liberales en contra del fallo, que da un nuevo impulso a los esfuerzos de miembros del partido republicano por desfinanciar a la red, que engloba a unos 600 centros de atención en todo EE.UU.

Según informes de la propia organización, el dinero de la sanidad pública destinado a Planned Parenthood no se utiliza para realizar interrupciones del embarazo, sino para medicamentos anticonceptivos, pruebas de embarazo y otros asuntos relacionados.

Solo el 5 % de los beneficiarios de Medicaid han solicitado servicios de salud sexual y reproductiva en esta red en lo que va de año, dijeron.

“La decisión de hoy es una grave injusticia que golpea los cimientos de la libertad estadounidense y promete sumir a Carolina del Sur en una crisis de atención médica.(…) La intención del gobernador (Henry) McMaster es clara: usar como arma el sentimiento contrario al aborto para privar a las comunidades con bajos ingresos de atención básica de salud», reaccionó la presidenta y directora general de Planned Parenthood South Atlantic, Paige Johnson.

Según dijo Johnson, la red «continuará operando y ofreciendo atención médica en Carolina del Sur incluso a las personas inscritas en Medicaid».

«Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que puedan recibir la atención que necesitan a bajo costo o sin costo alguno», añadió.

El caso se inició por una demanda presentada contra el Gobierno del estado de Carolina del Sur por impedir que la proveedora reciba fondos del programa de salud destinado a personas de bajos recursos.

Con esta decisión, el Tribunal se opone a que un beneficiario de Medicaid pueda demandar a los gobiernos estatales para que los servicios de Planned Parenthood entren en su cobertura de salud porque, según alegan, en sus centros se realizan interrupciones del embarazo.

Aunque el aborto en Carolina del Sur está prohibido después de las seis semanas de gestación, el Gobierno republicano de ese territorio busca evitar que las personas que dependen del plan de salud estatal puedan acceder a cuidados médicos a través de Planned Parenthood.

Durante la vista celebrada en abril, el panel de jueces ya se había mostrado dividido. Por un lado, los conservadores estuvieron reticentes, como han explicado en la sentencia, a que un paciente pueda demandar a Carolina del Sur para que acceda a la clínica de planificación familiar bajo la cobertura de salud.

En cambio, la magistradas liberales insistieron en que la ley que creó el programa de sanidad gubernamental establece que los pacientes deben poder ser atendidos por cualquier proveedor que acepte Medicaid.

Este fallo supone un nuevo ataque para los derechos reproductivos en Estados Unidos después de que el Supremo eliminara en 2022 el derecho al aborto a nivel nacional y dejara las decisiones sobre este tema a los estados.

Como resultado, el aborto es ilegal o está severamente restringido, sin excepciones para casos de violación o incesto, en 23 de los 50 estados de EE.UU., según el Center for Reproductive Rights (CRR), una organización que defiende el derecho al aborto.

Más de 150 elementos probatorios clasificadas entre materiales, testimoniales, periciales, audiovisuales, y otros, fueron presentadas por el Ministerio Público (MP) en el expediente de Acusación Penal en el caso del pelotero de grandes ligas, Wander Franco y la madre de una menor de edad de Puerto Plata, a quienes se le vincula con el supuesto abuso y explotación sexual de la adolescente.

En el documento judicial, el MP establece 32 pruebas testimoniales, 10 comunes, 20 pruebas periciales, 1 ilustrativa, 18 audiovisuales, 9 materiales y 17 autorizaciones judiciales.

Asimismo, 22 pruebas relacionadas a la acusación de madre de la menor, a quien vinculan con la explotación y comercialización sexual de su hija, en ese entonces de 14 años, y al lavado de activos. Además, 8 pruebas documentales relacionadas a Wander Samuel Franco Aybar y 9 pruebas documentales relacionadas a las gestiones de Nancy Yudelka Aybar, madre de Wander Franco.

En adición, el expediente de Acusación Penal señala dentro de los elementos probatorios 2 documentos en la Carpeta Fiscal y 11 activos que el Ministerio Público solicita en decomiso a favor del Estado Dominicano.

• Abogado de Wander Franco: «No hay forma de condenar a ese pobre muchacho»

Lea también

Entre las pruebas testimoniales y periciales del caso destacan las declaraciones de la ginecóloga forense Maryori Yaquiris Taveras Martínez, quien realizó la evaluación médica genital y paragenital a la adolescente, estableciendo su conclusiones que a nivel de la membrana himeneal, la menor presenta signos de desfloración antigua.

Asimismo, las declaraciones de Silvia Alfonsina Pichardo Rodríguez, psicóloga forense de la Unidad contra la Violencia de Género, Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Puerto Plata, quien entrevistó a la adolescente.

Además, las declaraciones de la menor, para fecha 27 de septiembre del 2023, a las 9:00 de la mañana donde establece que “desde pequeña mi madre me ha visto como una forma para ella sacar beneficio tanto con las parejas que ella ha tenido como con mis parejas. Y es algo que me desagrada mucho”

Según el Ministerio Público, la madre de la menor pedía a Wander Franco la cantidad de cien mil pesos mensuales durante 7 meses, alegando que ella necesitaba cosas, con el fin de permitirle la relación y dejarla salir con él a donde ella quisiera. Además, que este le compró un carro.

En el expediente, también se hacen constar los depósitos y transacciones bancarias que vinculan a la madre de la adolescente presuntamente abusada, a Wander Franco y a su madre, Nancy Aybar.

“Tras realizar una investigación financiera con la certificación de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, se registran dos transferencias por la acusada Nancy Yudelka Aybar (Madre del acusado Wander Franco Aybar), en fecha 05 de enero del 2023, por valores de RD$500,000.00 y RD$500,000.00 respectivamente para un valor total de RD$ 1,000,000.00 transferido por la acusada el mismo día en dos montos fraccionados. Posterior a esto, la madre de la menor, realizó un retiro por un valor de RD$1,000,000.00”, establece el documento de Acusación Penal.

Asimismo, puntualizan que durante el allanamiento realizado en la vivienda de la menor, se le ocupó a su madre, la suma de RD$800,000.00 y sesenta y ocho mil quinientos dólares americanos (US$68,500), mismos provenientes de la explotación sexual y comercial de su hija de 15 años de edad.

El pasado viernes 9 de junio, se realizó la cuarta audiencia de fondo, donde se terminó de presentar todas las pruebas del MP, con la reproducción de pruebas testimoniales, escuchándose 11 testigos y peritos que indicaron la presunta vinculación de los acusados con los hechos.

Franco enfrenta cargos de abuso sexual infantil, explotación sexual y trata de personas, mientras que la madre de la menor, por su parte, se le vincula a la explotación y comercialización sexual de su hija, y al lavado de activos.

En el día de hoy, jueves 26 de junio, el Tribunal fallará el caso, dictando la sentencia impuesta a los imputados.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, cuestionó este jueves la razón de ser de la Organización de los Estados Americanos (OEA), al sugerir que su existencia pierde sentido si es «incapaz» de abordar con eficacia las crisis en Venezuela y Haití.

“Si somos incapaces de responder o remediar una situación en la que un régimen ignora abiertamente las normas internacionales y amenaza la integridad territorial de su vecino, entonces debemos preguntarnos: ¿qué sentido tiene esta organización?”, expresó durante su intervención en la Asamblea General de la OEA, celebrada en Antigua y Barbuda.

Landau explicó que el Departamento de Estado está revisando, por orden del presidente estadounidense, Donald Trump, la permanencia de Estados Unidos en los organismos internacionales, incluida la OEA.

«Para ser francos, no tengo claro que pueda predecir cómo terminará esta revisión», advirtió Landau.

El ‘número dos’ de la diplomacia estadounidense, que representa en la Asamblea al secretario de Estado, Marco Rubio, puso como ejemplo la respuesta de la OEA a la crisis en Venezuela, donde Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato pese a las denuncias de fraude de la oposición y de parte de la comunidad internacional.

«En respuesta a ese descarado fraude electoral, ¿qué ha hecho esta organización? Hasta donde sabemos, nada sustancial», criticó Landau.

El subsecretario apuntó que la oposición venezolana, cuyo candidato fue Edmundo González Urrutia, «no solo ganó de forma abrumadora, sino que contaba con las pruebas para demostrarlo».

Recordó que casi todos los países de la región han tenido que acoger a cientos de miles de refugiados venezolanos y subrayó que «tan solo el mes pasado, el régimen venezolano realizó otra farsa de elecciones legislativas y regionales que carecieron de transparencia e imparcialidad».

Landau puso también sobre la mesa la crisis en Haití, país que según dijo «se hunde en el caos», y volvió a preguntarse: «¿qué ha hecho esta organización?».

Recordó que el año pasado se desplegó en el país una misión de seguridad liderada por Kenia con el aval de la ONU, pero señaló que «Estados Unidos no puede seguir soportando solo esta pesada carga financiera».

«Si la OEA no está dispuesta o no puede desempeñar un papel constructivo en Haití, nos preguntamos seriamente por qué existe», cuestionó.

Asimismo, Landau exhortó a los Estados miembros a ratificar el viernes a la candidata de Estados Unidos a miembro de la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos (CIDH), la disidente cubana Rosa María Payá.

«Es hora de que la OEA muestre resultados, que apoye al pueblo de Venezuela y Haití no solo de palabra», concluyó.

El Ministerio Público ha solicitado una medida de coerción contra el comunicador Ángel Martínez, acusado de difamación e injuria en perjuicio de Milagros De Camps Germán, exviceministra de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente.

La solicitud fue presentada por los fiscales del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

La coerción que se pide es el establecimiento de una garantía económica de 10 millones de pesos en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica.